La presente obra colectiva analiza la nueva Ley 20/2013, de garantía de la unidad de mercado. Esta norma resulta de importancia capital para el Derecho Administrativo económico en un Estado autonómico, su intención es loable y la finalidad perseguida absolutamente necesaria; ahora bien, la misma no está exenta de polémica en cuanto a la instrumentación concreta de la unidad de mercado que contiene. Especialmente problemáticos pueden ser algunos aspectos; fundamentalmente, la aplicación en todo el territorio nacional de la normativa de origen, que choca con el principio de territorialidad de las normas locales y autonómicas.
Pero no es el único aspecto problemático. El nuevo proceso contencioso-administrativo en defensa de la unidad de mercado 'que copia el modelo del procedimiento para la protección de derechos fundamentales' es un botón de muestra, con aspectos problemáticos como la acumulación obligatoria de recursos ante la Audiencia Nacional, entre otros. O también resulta polémica la regulación del nuevo procedimiento administrativo en defensa de la unidad de mercado, cuya articulación técnica quizá no resulte del todo adecuada.
Otros aspectos, como las evaluaciones de impacto normativo y los mecanismos de seguimiento, aunque loables, apenas se esbozan en la Ley. En el caso de las evaluaciones de impacto, a ello se suma que el RD 1083/2009 sólo se aplica al Estado, si bien algunas CCAA, como la catalana, ofrecen en este aspecto regulaciones muy avanzadas.
En cualquier caso, la obra no consiste en un análisis precepto por precepto de la Ley 20/2013. Se trata, por el contrario, de un estudio sistemático, donde se aborda de forma conjunta cada uno de los problemas que la Ley plantea; algunos de ellos tan cruciales como el principio de proporcionalidad y otros tan novedosos como el nuevo entramado institucional que se diseña para la defensa y garantía de la unidad de mercado. Además, se analizan cuestiones de importancia capital, como el marco jurídico del Derecho de la Unión Europea; o lo que es lo mismo, cuál es el alcance de las libertades de establecimiento y circulación, en especial en cuanto a mercancías y servicios. También se estudian los distintos títulos competenciales invocados por el legislador estatal.
Pero, además, se incluyen varios capítulos relativos a la incidencia de la Ley en algunos sectores materiales concretos como contratación pública, comercio interior o sectores eléctrico y gasista, entre otros.
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