La contratación pública representa en torno al 19% del PIB de la UE, lo cual nos indica su capacidad para marcar las tendencias en materia de producción y consumo y, en consecuencia, para contribuir al cambio de modelo productivo. Desde la perspectiva ambiental, tiene un gran potencial para orientar el mercado y a los operadores económicos hacia el desarrollo de productos, servicios y obras con características ambientales.
La Directiva 2004/18, de 31 de marzo, sobre coordinación de los procedimientos de adjudicación de los contratos públicos de obras, de suministro y de servicios, ha permitido tomar en consideración el medio ambiente en las diferentes fases del procedimiento de contratación, lo cual se ha trasladado, de manera incluso más ambiciosa, a la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público (actualmente refundida, tras múltiples modificaciones, por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre). La contratación pública se convierte, tras estas previsiones jurídicas, en un instrumento de mercado que puede contribuir al cumplimiento de los objetivos de las políticas ambientales, lo cual representa uno de los aspectos más relevantes y novedosos del actual Derecho comunitario y español de la contratación pública.
Las posibilidades de integración de criterios y cláusulas ambientales tienen su límite en la garantía de las libertades económicas comunitarias y, más en concreto, en el respeto de los principios de igualdad de trato y de transparencia y publicidad. Por ello el presente estudio se centra fundamentalmente en analizar las posibilidades y los límites jurídicos que tienen los órganos de contratación para utilizar criterios o cláusulas ambientales en las fases de preparación, de adjudicación y de ejecución del contrato.
La falta de conocimiento y de seguridad jurídica sobre el uso de estos criterios o cláusulas ambientales hace que este trabajo pueda ser de interés para el personal de los servicios de contratación de los entes del sector público, profesionales del mundo jurídico, profesores e investigadores universitarios y otras personas interesadas en el estudio, la aplicación y el fomento de la contratación pública verde.
Se trata del primer estudio jurídico monográfico que analiza en profundidad la contratación pública verde. Este trabajo expone de forma clara, precisa, rigurosa y práctica las exigencias y límites jurídicos para integrar la variable ambiental en el procedimiento de contratación. Para su realización se ha tomado principalmente en consideración la rica jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública. Asimismo, se ha acudido a las líneas interpretativas y recomendaciones de la Comisión Europea y a la doctrina española y europea más relevante en la materia.
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