El reconocimiento de la libertad ideológica en la Constitución española de 1978, y el paulatino aumento de agrupaciones humanas que poseen sus propias señas de identidad religiosas y culturales; son dos de los factores que han provocado profundas transformaciones en la sociedad española contemporánea desde el punto de vista de la pluralidad ideológica y religiosa, que ha tenido su reflejo no sólo en los cambios que han tenido lugar en nuestros pueblos y ciudades, sino también en la necesidad de gestionar nuevas prácticas y actividades relacionadas con las convicciones de las personas.
Los ámbitos sanitario y farmacéutico no han sido ajenos a estos fenómenos, pues cada vez existen más supuestos en los que los ciudadanos demandan la recepción de tratamientos diagnóstico- terapéuticos o el acceso a medicamentos que se adecuen a los mandatos impuestos por sus propias convicciones. Demandas sanitarias y farmacéuticas que, en principio, deben ser atendidas por las autoridades públicas en orden a promover, en condiciones de igualdad real y efectiva, el derecho a decidir sobre la propia salud de todos los ciudadanos, pero que, por contrapartida, pueden entrar en conflicto directo con las pautas establecidas en los Códigos deontológicos que informan las praxis sanitaria y farmacológica o, sin ir más lejos, con las convicciones de aquellos profesionales que, por motivos de conciencia, se niegan a practicar servicios tales como, por ejemplo, el aborto, la procreación humana asistida, el uso con fines terapéuticos o regenerativos de células humanas o la venta de algunos fármacos y métodos anticonceptivos.
Sentados estos presupuestos, a lo largo de los capítulos en que se divide esta obra han sido analizados criterios legales que permitan a los profesionales sanitarios, ante los retos que plantea el desempeño de sus profesiones en el contexto de la pluralidad cultural de la sociedad española contemporánea en tiempos de crisis y de recortes en el ámbito de la sanidad pública
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