En el año 2005, se creó en el seno del Ministerio de Justicia una Sección especial de la Comisión General de Codificación cuya misión era elaborar un borrador de nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta Comisión no llegó a concluir sus trabajos habida cuenta los cambios producidos en la titularidad del Ministerio, si bien formuló una propuesta articulada que acogía los principales aspectos del procedimiento penal.
Cinco años más tarde se desconoce el destino que se dio a aquellos trabajos, si los mismos duermen en un cajón condenados al olvido o si se entregaron a las diferentes comisiones creadas por los Ministros que sucesivamente han ocupado aquel sillón o las constituidas en otras instituciones del Estado. Lo cierto es que una parte de los miembros de aquella Comisión han considerado positivo dar a conocer el contenido de algunas de aquellas propuestas con la finalidad de abrir un debate público acerca de ellas, ya que, a día de hoy, lo único que se sabe con certeza es que tampoco se promulgará una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal en esta legislatura y que todo seguirá en esa suerte de indefinición legal que tanto favorece a un determinado tipo de delincuencia.
Tal vez sea porque la ley procesal penal incide directamente en sujetos cuya impunidad se garantiza en mejor medida con una situación compleja o por simple irresponsabilidad, es lo cierto que nos seguimos, y parece que por mucho tiempo, seguiremos rigiéndonos por una ley decimonónica, completada con una jurisprudencia oscilante y excesivamente fragmentaria, como es propio de su naturaleza y más o menos proclive en sus planteamientos a la garantía o la represión según la clase de delitos y delincuentes imputados.
Es por ello por lo que el debate sobre un futuro proceso penal deviene imprescindible, y de ahí esta obra, que se apoya en un borrador de anteproyecto, perdido o ignorado, pero existente
