En un entorno socioeconómico complejo como el que vivimos, la idea de que un trabajador finalice su relación laboral y pueda renunciar a su puesto de trabajo siempre genera sorpresa. No obstante, en ocasiones la pura dimisión o extinción sin causa no es tal, sino que deriva de una situación anómala o incluso, de incumplimientos contractuales de diversa índole por parte de la empresa. A estos efectos, el empresario goza de la potestad de realizar modificaciones en el contrato de trabajo, si bien las mismas tienen límites que impiden que la relación se vea afectada en cuanto a consentimiento, objeto o causa. Aún así, incluso el ordenamiento prevé la posibilidad de establecer modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en las cuales el trabajador dispone de tres opciones: aceptarlas, impugnarlas e incluso rescindir la relación laboral. De igual manera, los retrasos o impagos en el salario y demás posibles incumplimientos contractuales son aspectos que pueden darse igualmente en el marco de una relación laboral. Sin embargo, en ocasiones las situaciones o modificaciones que se producen en el contrato de trabajo exceden de lo ordinario, produciendo una situación de incumplimiento que afecta a la esfera más relevante de las relaciones de trabajo, y activando la extinción causal recogida en el artículo 50 del Estatuto de los Trabajadores. En la presente obra, se analizarán aquellos motivos que pueden justificar la resolución por parte del trabajador, y que exigirán de la empresa una indemnización por despido improcedente, así como otros beneficios derivados del tipo de extinción como puede ser el acceso a la prestación por desempleo, por cuanto se entiende que, aunque la iniciativa última parta del empleado, es la situación creada por la empresa, y en la que median los requisitos de gravedad y culpabilidad, la que produce la finalización última del vínculo.
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