Dentro del contexto de reforma de ciclo largo del Sistema de Seguridad Social, el Acuerdo Social y Económico de 2011 plantea un doble objetivo: Equilibrar las cuentas en el Gasto Público, y garantizar la sostenibilidad a largo plazo del sistema de pensiones. Es de realzar que la Comisión del Pacto de Toledo ha realizado una labor excelente y muy rigurosa, reflejada en su Informe final («Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo» de 2010; en adelante, IPT, 2010), aprobado en el Congreso el día 25 de enero de 2011. En él se atiende a los grandes desafíos que se plantean respecto a los sistemas de pensiones, en una coyuntura donde se produce un doble movimiento de presión hacia la expansión de la protección social en tiempos de crisis y la contención y reducción del gasto público social. Desde el Pacto de Toledo de 1995 se viene asistiendo a una transformación estructural progresiva del modelo de Seguridad Social y, en particular, del modelo normativo vigente de regulación de las pensiones. No se trata de un simple proceso de «adaptación» a las transformaciones en curso. Se está construyendo paulatinamente un modelo menos expansivo de Seguridad Social. Interesa recordar que el mandato constitucional ex art. 50, que encomienda a los poderes públicos «garantizar mediante pensiones adecuadas y periódicas actualizada, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad». Con ese condicionante constitucional, el proceso reformista del Pacto de Toledo y sus adaptaciones continúas a las transformaciones en curso determinan el tiempo y la orientación de las medidas reformistas. En lo principal, se ha producido, nuevamente, un consenso en el seno de la Comisión no permanente del Pacto de Toledo y una asunción matizada de sus propuestas en el Acuerdo Social y Económico de 2011, que constituye típicamente un Pacto Social de carácter tripartito entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales más representativas. Esta política concertada confiere un plus de legitimidad social al cuadro de medidas adoptadas. En términos de conjunto, las medidas adoptadas se ajustan a las directrices marcadas por las instituciones políticas de la Unión Europea, que tratan de responder a las variables demográficas, económicas y la evolución del ciclo vital de las personas. La Comisión Europea se orienta hacia la realización de reforma de las pensiones en tres direcciones fundamentales: establecer condiciones de accesibilidad más duras y estrictas para una pensión pública (con el aumento de la edad de jubilación, acceso restringido a la jubilación anticipada y mayor presencia y participación de los trabajadores mayores en la vida activa); garantizar pensiones públicas menos generosas (con una reducción significativa de la cuantía de la pensión que no debería suponer un desplazamiento hacia otras partidas de gasto público social); y, por último, el fomento de la provisión privada de las pensiones, pero reforzando las garantías de los ahorros privados para la edad pensionable.
En el Informe de Evaluación y Reforma del Pacto de Toledo (IPT 2010, apartado IV, págs. 39 ss.) se insiste en la evolución demográfica prevista para España, poniendo de manifiesto la mayor esperanza de vida en varones y mujeres, con importantes consecuencias para las cifras relativas al número de pensiones previsto en las próximas décadas. El mundo envejece y la transición demográfica plantea un desafío para las políticas de pensiones. A ese envejecimiento de la población se une la caída de natalidad. La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social (2011) 2, realza el hecho de que las tendencias demográficas, con el incremento de la esperanza de vida y la disminución prolongada de las tasas de natalidad suponen un desafío para el sostenimiento financiero del sistema de Seguridad Social. Pero no es solo la tendencia demográfica el único factor que aconseja realizar reformas en el sistema de pensiones. «Entre otros, la falta de equilibrio o de correspondencia entre las cotizaciones y las pensiones que derivan de éstas. Se aprecia un desequilibrio actuarial de los ingresos que el sistema percibe en forma de cuotas y de los gastos que el sistema reconoce en forma de pensiones. El esfuerzo contributivo de los trabajadores activos durante su vida laboral no guarda, actualmente, la relación adecuada con las prestaciones reconocidas a los pensionistas». Se destaca, al respecto, que el sistema de Seguridad Social español ha asistido últimamente a una progresiva disminución del período de actividad laboral en dos sentidos: a). por un lado, los años de formación y de estudio de los jóvenes se han prolongado y su acceso al mercado de trabajo, por esa razón, se ha retrasado en relación con la edad a la que era habitual su incorporación en pasadas generaciones. B) por otro lado, la tasa de participación de la personas mayores de 50 años en el mercado laboral ha ido descendiendo a causa del uso no siempre adecuado de las posibilidades que ofrecían las distintas fórmulas de jubilación anticipada. En España, además, los efectos de la situación descrita son mayores debido precisamente al rápido incremento de la población y de su esperanza de vida y a los incentivos y estímulos a la jubilación anticipada que presentaba nuestra legislación, concebidos para momentos históricos muy distintos a los actuales» (pág. 3).
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