La incidencia de la Iglesia Católica, el Papado y la Santa Sede en la génesis y posterior dinámica del Derecho internacional público resulta incuestionable, aun cuando sólo sea por su dimensión edípica, de encuentro y rechazo a la vez. La Santa Sede, como represen tación institucional de una organización transnacional de carácter religioso, actúa doblemente: en el ordenamiento internacional, que le ha reconocido una singular subjetividad internacional convirtiéndola en la única entidad religiosa con tal estatuto jurídico, y en los ordenamientos nacionales donde la Iglesia Católica combina poder o influencia dependiendo del régimen convencional o concordatario adquirido, sin cejar en su periclitada pretensión de actuar como "Estado dentro del Estado".
La presente monografía plantea como hilo conductor la compatibilidad y coordinación entre sujetos de Derecho internacional y sistemas normativos diferentes que, si bien persiguen la organización y bienestar del ser y colectivo humanos, obedecen a unos funda mentos y objetivos esencialmente distintos, la política y el Derecho respecto al Estado y la Comunidad internacional, y la dimensión espiritual y religiosa respecto a 1a Santa Sede y la Iglesia Católica. Cómo compatibilizar la dimensión moral y religiosa predicada por la Sede Apostólica con su activismo en la comunidad más política del mundo: Cómo coordinar tal posición con el ordenamiento internacional que se declara neutral, que no indiferente; ante el hecho religioso y proclama como principios estructurales la soberanía de los Estados, el principio de no injerencia en los asuntos internos así como el respeto al Derecho internacional de los derechos humanos que en muchos aspectos resulta incompatible con la doctrina, organización y voluntad de la iglesia institucional. La segunda parte del trabajo se centra sobre la conformidad de la regulación de ciertos temas -personalidad jurídica, privilegios e inmunidades, matrimonio, educación, financiación, cláusulas de interpretación y denuncia, etc.- prevista en los Acuerdos españoles con la Santa Sede de 1979 y sus posteriores desarrollos normativos con la Constitución española que declara la aconfesionalidad del Estado, y el principio, de no discriminación.
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