La Iglesia católica española, delegación local de un Estado teocrático extranjero, el Vaticano, sobrevive gracias a que el erario público dedica una ingente cantidad de recursos al pago de su estructura, sus nóminas, su red educativa y el mantenimiento de sus templos. En su dimensión política, la Iglesia española se dedica a frenar cualquier empeño social o moralmente emancipador. En su dimensión económica es al mismo tiempo una empresa en rescate público permanente y una potente sociedad que opera a resguardo del radar del fisco siguiendo el manual del neoliberalismo. El impacto social de su actividad económica, sobre todo en la enseñanza y la asistencia social, es gigantesco, ya que se asienta sobre la anulación de los principios de universalidad, solidaridad, equidad y redistribución, sustituidos por una mezcolanza de liberalismo educativo de fachada meritocrática y caridad inmovilista.
La Iglesia, aferrada a unos privilegios entregados por el franquismo como botín de guerra, se beneficia del régimen fiscal de una ONG para desplegar una actividad mercantil tan discreta como profesionalizada en campos que creeríamos reservados a empresas consagradas al beneficio puro y duro. Asesorada por la gran banca, incrustada en la elite económica, la institución católica no ha desdeñado ni la especulación ni las técnicas de elusión fiscal a su alcance. Más parecida al Opus que a Cáritas, más a los kikos que a los franciscanos, más a Wojtila que a Bergoglio, más a la banca vaticana que al monte de piedad, la Iglesia española es hoy una institución apartada de sus fines vocacionales.
Del descarnado retrato que Iglesia SA ofrece de la organización que ha ejercido de histórica rectora de la moral española se deriva una pregunta que reclama respuesta urgente: ¿cuántos principios y valores pueden sacrificarse antes de que una institución pierda su razón de ser?
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