En este hábitat globalizado en el que nos vemos envueltos en virtud de la economía digital adquiere un protagonismo fundamental la actividad y la interacción dentro de las plataformas y redes sociales, a cualquier nivel, ya sea personal, profesional o empresarial. La utilización de la informática, la tecnología y la inteligencia artificial en todos los sectores de actividad mercantil se ha generalizado en especial a finales del siglo XX, aunque en unas parcelas más que en otras, acelerándose su implantación en toda la sociedad con la pandemia Covid-19, de la que afortunadamente estamos saliendo. En toda esta vorágine de cambios hay un claro ganador, las plataformas digitales, que de forma cuasi natural han transformado los modelos de negocio, los canales de distribución o el acceso de los consumidores a los bienes y servicios, conformando un mercado de múltiples sectores que interrelacionan con usuarios profesionales y usuarios finales. Utilizan precisos algoritmos para conocer con nitidez las necesidades, gustos o demandas de los usuarios, que sin consciencia cierta y de forma gratuita facilitan sus datos, aceptan cookies y se meten de pleno en la red. Las plataformas se consolidan como intermediarios esenciales que facilitan, amplifican y generan visibilidad y confianza, emergen como reguladores, supervisores, creadores de comunidades para el ejercicio de derechos y libertades, imponiendo sus normas en el derecho privado1. En su rol de intermediación en el mercado las plataformas se dotan de sus propias normas a través de términos y condiciones de la contratación, incluso con sistemas de resolución de disputas extrajudiciales que evitan, al menos en un primer momento, la intervención de la autoridad judicial, generando en cierta medida su propio mundo jurídico. El peligro de monopolización de muy pocos, de abuso de posición de dominio, o competencia desleal que pueden ejercer esas plataformas digitales se observa cada vez con mayor nitidez y las autoridades de todo el mundo buscan la regulación óptima para hacer frente a este nuevo reto legislativo, reequilibrando en la balanza la posición de la parte más débil, el consumidor.