La obtención de información por la Administración tributaria es en el momento actual una pieza fundamental para la aplicación de los tributos, pues sin ella no sería posible controlar si se cumplen, o no, las obligaciones tributarias por los sujetos pasivos. De esta forma la eficiencia de nuestro sistema tributario depende en gran medida de la información que facilitan los obligados tributarios a través de los distintos cauces (obligaciones de suministro de información, contestación a requerimientos individualizados, ). Ante esta realidad muchos son los interrogantes que se nos plantean: en qué medida puede la Administración exigir datos relativos a la situación económica de un contribuyente, hay algún límite a la petición de información, Este estudio se centra en el análisis de los artículos 93 y 94 de la LGT que son los que regulan los deberes de información. Tras unas breves consideraciones acerca del fundamento constitucional y la naturaleza jurídica de los citados deberes de información, el trabajo intenta encontrar respuesta a cuatro cuestiones básicas: ¿cuál es el objeto de la información?, ¿quién está obligado a suministrarla?, ¿existe algún límite al deber de información?, y finalmente, ¿a través de qué cauces puede la Administración obtener esta información? y ¿qué requisitos se deben cumplir en el momento de solicitar la misma a los ciudadanos?
María del Mar de la Peña Amorós es Profesora Titular de Derecho Financiero y Tributario. Su carrera se ha desarrollado desde 1999, primero en la Universidad Politécnica de Cartagena, y posteriormente, desde 2005 hasta la actualidad en la Facultad de Derecho de la Universidad de Murcia, de la que es Profesora Titular de Universidad. Viene desarrollando desde hace años una importante labor investigadora plasmada en varias monografías, colaboraciones en obras colectivas y artículos doctrinales publicados en las más prestigiosas Revistas y Editoriales especializadas en la materia. Dentro de las distintas líneas de investigación trabajadas destacan las relativas a la financiación autonómica y local, la fiscalidad de la Economía Social, los procedimientos de gestión, Es miembro de distintas cátedras de investigación como son la Cátedra de Economía social, la de Haciendas territoriales, y la Cátedra Unesco de Bioética y derecho sanitario. Ha participado asimismo en distintos proyectos de investigación sobre temas relativos a financiación autonómica, financiación local, entidades de economía social, y salud, familia y bienestar.
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO PRIMERO. EL DEBER DE INFORMACIÓN
1. Consideraciones generales
2. Fundamento constitucional de los deberes de información
3. Naturaleza jurídica de los deberes de información
CAPÍTULO SEGUNDO. EL OBJETO DE LA INFORMACIÓN
1. Información que puede solicitarse
2. La trascendencia tributaria
3. Límite objetivo a la información solicitada
CAPÍTULO TERCERO. SUJETOS OBLIGADOS A INFORMAR
1. Obligación general de información
2. La obligación de información de las entidades financieras
3. Autoridades sometidas al deber de información
4. La obligación de información de los profesionales
CAPÍTULO CUARTO.LÍMITES AL DEBER DE INFORMACIÓN
1. Proporcionalidad en el ejercicio de las potestades administrativas
2. Los derechos fundamentales como límite a la obtención de información
3. Límites específicos al deber de obtención de información
CAPÍTULO QUINTO.MODOS DE OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN
1. Consideraciones generales
2. La información por suministro
3. La información por requerimiento individual
EPÍLOGO. EL DEBER DE INFORMACIÓN EN LA DOCTRINA ADMINISTRATIVA Y EN LA JURISPRUDENCIA
1. RESOLUCIONES DEL TEAC
2. SENTENCIAS Y AUTOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
3. SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO
4. SENTENCIAS DE LA AUDIENCIA NACIONAL
5. SENTENCIAS DE TRIBUNALES EUROPEOS
BIBLIOGRAFÍA
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