El Observatorio de Políticas Ambientales, integrado por 49 profesores pertenecientes a 30 centros universitarios, continúa con este volumen la serie de análisis anuales de las políticas públicas en materia de medio ambiente. En el mismo se realizan detalladas referencias y valoraciones críticas sobre el conjunto de las políticas ambientales practicadas en los niveles internacional, europeo, comparado, estatal y autonómico durante el período considerado. Los elementos utilizados son las normas jurídicas (tratados, directivas, leyes y reglamentos), los presupuestos públicos, los documentos de programación y planificación (estrategias, bases políticas, directrices, programas, planes), las medidas organizativas, la jurisprudencia de los diversos tribunales y los conflictos planteados. Se incluyen también, en la sección de análisis de políticas sectoriales y locales, trabajos dedicados a los progresos de la contratación pública verde, la ordenación del litoral, la variable ambiental en la ordenación y gestión de las aguas, las novedades relativas al régimen de los residuos y un estudio sobre la reordenación de las competencias ambientales de las entidades locales.
PRIMERA PARTE. POLÍTICAS INTERNACIONALES Y COMPARADAS.
I. Introducción general: las ballenas y la desregulación ambiental.
II. Compromisos internacionales ambientales: primera asamblea de las naciones unidas para el medio ambiente.
III. Unión Europea: relevancia ambiental, éxito en emisiones y debate sobre la fractura hidráulica.
IV. Tribunal europeo de derechos humanos: la protección ambiental entre el interés general y los derechos individuales.
V. Alemania: aproximación a las últimas tendencias del derecho medioambiental como un derecho dirigido a la explotación racional de los recursos naturales.
VI. Perú: marco general de la regulación e institucionalidad ambiental.
VII. Portugal: ¿"Crecimiento verde" o retroceso ambiental?
VIII. República Checa: el derecho y la política ambiental.
IX. Venezuela: la configuración de las políticas ambientales.
X. Chile: marco normativo e institucional de la protección del medio ambiente.
SEGUNDA PARTE. POLÍTICAS ESTATALES.
XI. Legislación básica del medio ambiente.
XII. Actuación ambiental del Estado: planificación hidrológica, transporte y movilidad.
XIII. Jurisprudencia constitucional: el año del fracking.
XIV. Novedades legislativas y profundización en las líneas jurisprudenciales en el derecho civil del medio ambiente.
XV. Jurisprudencia contencioso-administrativa: instituciones urbanísticas para la protección ambiental.
TERCERA PARTE. POLÍTICAS SECTORIALES Y LOCALES
XVI. Costa y litoral: la conflictividad ambiental procedente del mar.
XVII. Aguas: por una política hidráulica más reflexiva, transparente y participativa.
XVIII. Residuos: controversias sobre los sitemas de gestión y aclaraciones relativas a los impuestos autonómicos.
XIX. Administración local: incertidumbre sobre el alcance de las competencias ambientales.
XX. Comercio mundial y medio ambiente: impacto ambiental de la asociación transatlántica para el comercio y la inversión.
XXI. Montes: la gestión sostenible en la normativa de última generación.
XXII. Fiscalidad ambiental: una visión general.
CUARTA PARTE. POLÍTICAS AUTONÓMICAS.
XXIII. Andalucía: simplificación administrativa en leyes ambientales y reconsideración razonable del impacto en salud.
XXIV. Aragón: la adopción en unos meses de las más importantes decisiones de la política ambiental de toda la legislatura.
XXV. Canarias: un año contra las prospecciones petrolíferas.
XXVI. Cantabria: la protección del paisaje.
XXVII. Castilla y León: la reforma de la ley de prevención ambiental y otras cuestiones.
XXVIII. Castilla-La Mancha: ¿reforma legal de la caza contra el activismo judicial ecológico?
XXIX. Cataluña: Abundante intercención puntual, escasa actuación estratégica
XXX. Comunidad Valenciana: notable renovación legislativa ambiental.
XXXI. Extremadura: el valor sociojurídico de los espacios naturales.
XXXII. Galicia: debilitamiento del control ambiental de actividades.
XXXIII. Islas Baleares: nuevos conflictos ambientales.
XXXIV. La Rioja: completada la planificación de la red natura 2000.
XXXV. Madrid: la permanencia de los problemas ambientales.
XXXVI. Murcia: gobierno de transición lastrado por políticas heredadas.
XXXVII. Navarra: firmeza en la exigencia de responsabilidad de la administración por los daños causados por flora y fauna protegidas.
XXXVIII. Principado de Asturias: la primacía de las tareas de gestión medioambiental en tiempos de restricciones presupuestarias.
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